Uno de los lemas de María Eugenia Vidal al asumir la gobernación 30 meses atrás fueron la transparencia y la eficacia, apuntando a la lucha contra las mafias. Sin embargo, a poco más de un año de acabar su mandato, la realidad es muy diferente: un Tribunal de Cuentas sin quórum, juzgados Contenciosos acéfalos y una Oficina Anticorrupción que no termina de arrancar.
Tribunal sin Quórum:
Vidal asumió con una estructura conformada por un presidente y cuatro vocales que se repartían el trabajo de auditar las cuentas de la Administración Central, Reparticiones Autárquicas, Entes Especiales y Municipios. Al poco tiempo de comenzar su mandato, falleció la vocal Cecilia Fernández, cruzada por denuncias en torno al supuesto faltante de información de las cuentas de Daniel Scioli.
A esto le siguió la renuncia de Héctor Giecco, que se jubiló, y hace apenas una semana la de Gustavo Fernández, que le siguió los pasos. Permanecen en sus cargos únicamente el presidente del HTC, Eduardo Grinberg, y el vocal Miguel Teilletchea.
El problema es que con sólo dos de sus cinco miembros, el tribunal no reúne quórum para sesionar y no puede emitir fallos, con lo cual las decisiones que toma se vuelven no vinculantes. Esto reduce su carácter al de una especie de asesoría ruidosa.
Lejos de buscar un reemplazo para Férnandez (del que se sabía desde el 31 de diciembre de 2017 que sólo le quedaban unos meses en el cargo) y jugar de una forma transparente, el Gobierno se “guardó” algunas cartas para negociar leyes y acuerdos “clave” con la oposición.
Desde el propio Gobierno reconocen hoy que sólo les interesa cubrir una de las vacantes que se abrieron: la señalada sería María Fernanda Inza, mujer de extrema confianza de Vidal que hoy se desempeña en la Secretaría Legal y Técnica.
Esto rompería por completo la tradición bonaerense, ya que el HTC siempre estuvo en manos de “la oposición” al Ejecutivo de turno.
Un condimento “extra” agrava la situación: hay quienes aseguran que Fernández se fue del Tribunal sin que se hubieran “fallado” las cuentas de la Administración Central, es decir de la propia Vidal y de sus ministros.
La justicia, tampoco
La otra pata del “control” de la gestión, esta vez desde el Poder Judicial, tiene que ver con los juzgados del fuero Contencioso Administrativo. Ahí, el Gobierno optó por dejar “vacantes” que se cubren mediante subrogancias polémicas. Esa decisión, combinada con la guerra que le plantearon diputados y senadores de Cambiemos a algunos jueces como Luis Arias, que suelen emitir fallos que no gustan en calle 6, crean un escenario complejo.
Arias es el titular del Contencioso Administrativo 1, pero está suspendido desde noviembre de 2017 hasta tanto se defina su futuro en un juicio político bastante debatido. Pero el 2 también está acéfalo desde la renuncia de Ana Logar, acaecida en marzo de 2014. María Ventura Martínez, titular del 4, subroga el 2. En tanto que Francisco Terrier se hace cargo temporalmente del de Arias. Es decir que el fuero funciona al 50 por ciento de su capacidad.
¿Oficina Anti?
La tercera, aunque más decorativa, tiene que ver con la Oficina Anticorrupción creada por la propia Vidal en abril de 2017. El organismo está a cargo de Luis María Ferrella y funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con lo cual no tiene autonomía presupuestaria.
Desde el arco opositor cuestionaron desde un lanzamiento esta Oficina, dado que afirman que “lo maneja el propio Ejecutivo”. En ese sentido, los distintos espacios pidieron crear un “el organismo que marca la Constitución”, que sería el Tribunal Social de Responsabilidad Política, con el objetivo de examinar los actos de corrupción de todos los poderes del Estado. “Crearon una nueva estructura que genera gastos extras a la Provincia y que termina siendo como la Oficina Anticorrupción de la Nación que no funciona”, deslizaron.
No sólo los que tienen juego político partidario objetan las decisiones de Vidal. Julián Portela, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de La Plata, también se mostró muy crítico con respecto al funcionamiento de la OFI y reclamó “una revisión integral” de los sistemas contralor. “Este Gobierno llega al poder provincial con la bandera del control a la corrupción pero hasta ahora no ha tomado grandes medidas ni hemos visto grandes avances”, analizó ante la consulta de INFOCIELO. “Espero que no sea una bandera usada en vano”, agregó.
“La persona designada fue a dedo y bajo la órbita de un Ministerio, así que no puede controlar mucho. Además fue elegida por decreto y no por ley. Es decir, sin participación de la oposición. Por eso hay formar una agencia control independiente. La lucha anticorrupción tiene que ser un plan de consenso y después que cada fuerza política se haga cargo sino colabora”, agregó
Portela también cuestionó la “sobrecarga de tareas” que tiene los dos magistrados del fuero Contencioso Administrativo que han quedado en actividad. “Necesitamos que este fuero funcione. Además, el 80% de sus actuaciones son en temas impositivos, algo que no le corresponde por ley y debería resolverse para aliviarlos y que controlen principalmente al Estado. Lo que pasa que es molesto para los políticos de turno, es como una mosca”, completó. “Pero tiene que saber que cuanto más control más legítimo se hace el sistema para la sociedad.
FUENTE: INFOCIELO
