La Jefa de Obstetricia del Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín,  Adelaida Soria, publicó en su cuenta de Facebook una serie de comentarios en donde se burló de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad gestante

Considerando el cargo que ostenta la profesional, desde la Campaña marcaron la gravedad de sus dichos y pidieron la inmediata intervención al director del nosocomio Alberto Urban y al ministro de Salud bonaerense Andrés Scarsi.

A su vez, destacaron que no es la primera vez que Soria actúa en detrimento de los derechos de las mujeres. En efecto, en 2015 maltrató a una paciente que había acudido al hospital para realizarse una interrupción legal del embarazo, ya que provenía de una violación y es uno de los casos en los que la ley actual permite la intervención.

Por fuera de todo protocolo, la profesional instigó en reiteradas oportunidades a la mujer a continuar con el embarazo, atemorizándola, llegando incluso a torturarla psicológicamente al hacerle escuchar los latidos del feto, y retrasando permanentemente la realización de la intervención, que la institución está obligada a garantizar en estos casos.

“La doctora Soria demuestra permanentemente un alto grado de violencia de género, institucional y obstétrica, expresadas sobre todo en lo que corresponde a la realización de interrupciones legales del embarazo, algo inaceptable para una funcionaria pública de su nivel”, remarcaron las integrantes de la Campaña.

“No podemos permitir que profesionales de la salud sigan inclumpliendo con sus responsabilidades e intercedan en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes, reproduciendo e imponiendo lógicas de pensamiento machistas y misóginas a lo largo de las instituciones que deben estar brindando un servicio de salud pública. Estas acciones violan el marco jurídico y legal que nos envuelve actualmente, tanto a los protocolos de atención como a los pactos de Derechos Humanos a los que adherimos como nación”, explicaron a través de un comunicado.

En ese sentido, afirman que en la Provincia las interrupciones legales del embarazo “están reguladas por el Protocolo de Atención Integral de Aborto No Punible, que requiere que haya profesionales capacitados en la atención de los mismos en todas las instituciones de salud pública”.

Por esta razón afirman que “es responsabilidad política del Ministerio y de los directores de hospitales que los profesionales estén formados y capacitados con perspectiva de género y sean garantes de Derechos Humanos. Sin estas condiciones, no deberían formar parte de los concursos de jefatura”.