El intendente de La Plata hizo oídos sordos a los reclamos de los platenses y continuó con la poda y extracción de especies arbóreas vitales para la ciudad. Algunas tareas incluso son realizadas por empresas tercerizadas de dudosa capacidad para tal fin.
El intendente de La Plata, Julio Garro, lleva adelante una política de casi “mutilación” del arbolado público en función de no respetar ningún tipo de normativa vigente (como ya lo han planteado a este medio activistas locales), lo cual derivó en un planteo judicial que hoy por hoy suspende esas tareas.
En el mes de junio de este año, un grupo de vecinos y vecinas de la ciudad promovieron una acción de amparo colectivo ante la Justicia bonaerense, solicitando que ordene a la Municipalidad el cese del daño ambiental que, indican, está provocando en el arbolado público mediante acciones de poda y tala que consideran ilegales, en tanto que no se estarían realizando de conformidad con lo previsto en las leyes provinciales sobre Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de los Recursos Naturales y del Ambiente en General (n° 11.723), y de Arbolado Público (n° 12.276).
En ese marco, solicitaron que se le exija a la Comuna que adapte su procedimiento a los parámetros establecidos en las normas referidas, que proceda a la remediación del daño ocasionado al arbolado público, y que implemente en forma urgente un plan anual de forestación y reforestación que efectivamente respete los preceptos que dictan las leyes.
Los denunciantes incluso plantearon que el Municipio, a través de servicios tercerizados, viene efectuando tareas de “poda” que considera desproporcionadas y antirreglamentarias, que provocarían un daño ambiental serio y estructural, y la consiguiente destrucción del patrimonio forestal de la ciudad. Y finalmente, la Justicia les dio la razón.
En el mes de julio, la Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar planteada y ordenó a la Comuna suspender de manera inmediata toda actividad de poda y tala sobre el arbolado público.
La jueza María Fernanda Bisio consideró que “corresponde el dictado de la medida precautelar solicitada, a fin de evitar el agravamiento de la situación actual, como los potenciales daños que pudieran irrogarse hasta tanto se resuelva la pretensión cautelar”.
En la causa se da “cuenta prima facie de una intervención de poda masiva –no selectiva– de los jacarandás de la diagonal 73, que incluye cortes de ramas principales –más de 20 centímetros de diámetro– y desgarros importantes en su corteza, situaciones que se adicionan a los hechos ya descriptos en la demanda”, consignó la magistrada.
Por eso, ordenó a la Municipalidad de La Plata “suspender de manera inmediata toda actividad de poda y tala sobre el arbolado público”, a excepción de aquellos supuestos particulares que no admitan demora, los cuales deberán ser justificados en sede judicial con una evaluación técnica.
Más allá de la orden judicial, el intendente Garro desoyó la orden judicial y continuó con los operativos de poda bajo el pretexto de que se trata de una tarea de “temporada” y que se realiza un trabajo “minucioso y con profesionales”, lo cual, como evidencian las imágenes en estas páginas, dista bastante de serlo.
En ese sentido, parece oportuno señalar que la poda está suspendida pese a que hubo una apelación de parte de la Comuna, la cual no suspende la medida cautelar, de modo que la Municipalidad no debería podar ningún árbol, salvo supuestos de emergencia.
