25 mayo, 2022

Por Juan José Olivera, Lic. en Ciencias Políticas. Docente de la UBA.

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Durante esta semana dos temas sacudieron el entreverado y cada vez más concentrado ramaje de los medios de comunicación nacionales. Sujetos a componer tramas y operaciones en tiempo de descuento electoral,la discusión sobre los “fueros” parlamentarios y el conflicto laboral en la planta de PepsiCo en el partido de Vicente López, dejan entrever la táctica que encaró el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió al Ejecutivo.

El gobierno con el aporte del poderoso Grupo Clarín y La Nación le disputaron, y tal vez en primera fase, le ganaron la batalla cultural al kirchnerismo al instalar con éxito la percepción de un estado de corrupción generalizado, la idea de la “pesada herencia” y que el gobierno saliente era un “banda” que habría asaltado el Estado.

Un discurso que podemos llamar “moralista” (algo similar hizo la anterior Alianza de Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide). Al mismo tiempo, al desoír reclamos salariales y laborales, echando responsabilidades al pasado, dibuja un presente “optimista” (algo parecido también a aquel “estamos mal pero vamos bien” de Menem).

Lo cierto es que la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra el sector del trabajo, y en particular el sector industrial, tanto por el peligro de los despidos, como por la caída en la producción industrial, el aumento exponencial de los servicios energéticos (nafta, luz y gas), el riesgo de quiebra ante la invasión de productos importados, ya dejan de ser un tema solo que alerte a las centrales sindicales y patronales, viéndose reclamos por trabajadores autogestionados, comerciantes y consumidores que alzan su voz, con mayor o menor éxito de ser replicadas por los medios de comunicación, pero que esperan su turno para volcar esas inquietudes en las urnas.

El discurso moralista y optimista se convirtió en la principal herramienta del gobierno para encarar todas las situaciones actuales y por venir, tanto en la gestión de gobierno como para la campaña misma. Pero, si bien logra impactar en los medios por sus imágenes truculentas, que sacan de quicio a cualquiera, y en algunos sectores llegan a crear verdadera histeria, con los bolsos que vuelan y supuestas millonarias bóvedas en los jardines de los funcionarios kirchneristas, al final de la cuenta, ya se percibe que nunca aparecen esos tesoros escondidos dignos de Alí Babá, y que cuando uno recorre el espinel de socios y amistades de esos funcionarios cuestionados se encuentran enganchados más de un amigo o familiar del presidente.

Las denuncias sobre corrupción a De Vido se mueven sobre los terrenos de la simulación y la sobre actuación. Cualquiera que haya revisado alguna vez el texto de la Constitución Nacional sobre los “Fueros Parlamentarios” sabrá que se crearon para garantizar al representante de la voluntad popular su libertad de expresión y protegerlo de las arbitrariedades del Poder Ejecutivo, y hoy también podríamos decir, de los poderes de la corporaciones económicas nacionales e internacionales.

La Constitución, que  se refiere a la igualdad ante la Ley en el artículo 16,

“… no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento y no hay en ella fueros personales o títulos de nobleza, todos los habitantes son iguales ante la ley”

no excluye a los legisladores. Si bien poseen el privilegio de no ser privados de la libertad ni restringidos de su labor legislativa, porque gozan de esa garantía que los pone en una situación especial y diferentes en cuanto son representantes del pueblo, el artículo 69 dice que pueden ser arrestados si son sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen,

 “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.

Y en el Artículo 70, especifica que en el caso de presentarse querella ante la Justicia contra un legislador, el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición de la Justicia -desafuero-.

 “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.”.

Todo político de carrera o recién llegado, por más que jure y perjure abandonar, donar, regalar o rifar sus fueros parlamentarios, como declararon en estos días, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, de la coalición 1País, y el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, sabe perfectamente que se trata más de una pantomima circense que de un argumento con sustento político y normativo.

Primero porque es una garantía Constitucional y para cambiar esos artículos se necesitaría reformar la Constitución con mayorías especiales que convoquen a una Asamblea Constituyente como la de 1994, segundo nadie cuenta con ese poder en las Cámaras y tercero sería una forma de eliminar los principios de la República, representación popular y división de poderes.

Por todo esto, que en la provincia de Buenos Aires, solo una encuesta haya puesto a Cambiemos como ganador, y el resto sean lideradas por Cristina Fernández de Kirchner con un promedio que no baja de 30% de los votos, da la pauta que el bote hace agua, que aunque la música suene bien pareciera que la orquesta que la está ejecutando son los músicos del Titanic, porque el discurso oficial no tiene contrapartida con la realidad y porque en estas horas, cuando la enorme y lenta CGT anuncia una movilización para el 22 de agosto, todo parece convertirse en un cóctel con sabor amargo que ni las endulzadas páginas de los multimedios logran cambiar.

 

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