La norma brinda un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y cañamo industrial. Además, la Cámara bajo dio media sanción a los proyectos de ley de VIH, tuberculosis y hepatitis.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y cañamo industrial. La iniciativa sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además se computaron 25 ausencias.
Durante el debate en el recinto Mara Brawer, del Frente de Todos puso en relieve que se trata de un proyecto “federal que generará muchos puestos de trabajo, que “en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas” y que “se trata de una industria sustentable con el ambiente”.
Su compañera de bloque, Carolina Gaillard, remarcó que “esta ley de marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad”. “Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales”, completó.
Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que “aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos”.
Recordó que “en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy”.
Los detalles de la ley
En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.
A través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro “commodity” de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.
El marco normativo busca “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.
Blanqueo de capitales para la construcción
El proyecto que prórroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica a la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa ‘puente al empleo’ referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino, fue aprobado y girado al Senado.
Tras una hora y media de debate, la iniciativa consensuada entre el Frente de Todos y el PRO, fue aprobada por 172 votos a favor; 20 en contra, en su mayoría de la Coalición Cívica y de la Izquierda; y 45 abstenciones, con preponderancia de los legisladores de la UCR.
El proyecto presentado oportunamente por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, del FdtT, y por el titular de la bancada del PRO, Cristián Ritondo, establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento del ingreso a la cuenta especial.
En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5 por ciento.
Por su parte, los ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso anterior y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa que deberán pagar será del 10 por ciento. En tanto, los declarados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota del 20 por ciento.
Ley para la salud sexual
La Cámara de Diputados aprobó también por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
El plenario legislativo sancionó en general el proyecto por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio, mientras que el rechazo cosechó 8 sufragios (cuatro de las agrupaciones de derecha y otros cuatro de JXC).
El proyecto presentado por la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos) que establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas, se trató esta tarde con la presencia de referentes de organizaciones LGBTIQ+.
Al abrir el debate, la diputada socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud, aseguró que “esta ley permite actualizar la ley 23.798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público”.
“Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico”, dijo Gustavo Bacha Bouhid (Frente Cambia Jujuy), exministro de Salud de Jujuy.
En tanto, la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez destacó el “consenso logrado en forma transversal en la Cámara de Diputados, pero eso se alcanzó porque hay un correlato social afuera”, y reivindicó que en esta ley “cambió el paradigma que solo atendía la parte medica y no contempla los problemas sociales”.
Agregó que se debe “pensar en generar respuestas integrales sobre esta problemática para quitar estigmas, y eso es lo que luchamos desde las diversidades y del feminismo”.
En tanto, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace dijo que “lo que le falta a la ley es la obligación de proveer la cobertura de prevención a las obras sociales, prepagas y entidades del sistema de salud. La cobertura es indispensable porque con prevención se puede evitar el contagio e infección”.
En tanto, la legisladora Myriam Bregman aseguró -al defender el proyecto- que “en Argentina hay 500 mil personas que tienen hepatitis B o C y otras 140 mil viven con VIH. Miren si esta ley no será urgente, que cada día mueren 13 personas por causas relacionadas con VIH o hepatitis”.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
La integración de esta Comisión debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
