Este jueves se detuvo a Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile, hija del Coco Basile en el marco de la investigación por amenazas y los mensajes violentos contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, allanaron dos oficinas de la empresa Caputo Hermanos, ex funcionario y amigo de Mauricio Macri, luego que se comprobara el pago de 7 millones de pesos a Morel.
Cuatro referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos este jueves en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los detenidos durante los operativos de la mañana fueron Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Guerra, quienes pueden ser indagados este viernes. Las detenciones fueron efectivizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de una investigación que permanece bajo secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
En horas de la tarde, Sabrina Basile, hija del entrenador de fútbol Alfio “Coco” Basile, quien era buscada por sus vínculos con el Revolución Federal se entregó en la justicia y fue trasladada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde quedó detenida.
Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta.
Las detenciones se activaron durante la mañana luego de que Morel emprendiera un viaje en micro a Paraná, Entre Ríos, lo que para los investigadores implicó un riesgo para la investigación. Morel fue detenido en la ciudad entrerriana, mientras Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en provincia de Buenos Aires en el marco de una serie de 11 allanamientos realizados por la PSA.
Los detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas. El artículo 213 bis del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
También se les achacaría la supuesta incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Habló Cristina
La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía “probable” que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.
“Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, sostuvo la dos veces Presidenta en el escrito que sus abogados le presentaron al juez Martínez de Giorgi.
En aquel escrito, la Vicepresidenta también puso el foco en el posible financiamiento de esa organización que tiene como referente a Morel, el dueño de una carpintería que en el último tiempo recibió pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos, una empresa integrada por hermanos del exministro del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo, aunque no por él.
Caputo Hermanos realizó el miércoles por la noche una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia y asegurar que los pagos realizados a Morel y sus socias de la carpintería fueron por trabajos realizados de los que se adjuntaron fotos.
En este marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó este jueves las oficinas de los fideicomisos de Caputo Hermanos, de la familia del ex ministro de Finanzas del macrismo Luis “Toto” Caputo, en el marco de la causa que investiga las amenazas y los mensajes violentos contra Cristina Kirchner difundidos en redes sociales por la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.
