Se tratan de los casos sufridos en la región el ciclo lectivo 2018, donde fue una problemática que movilizó a las autoridades y generó millonarios gastos. El fiscal a cargo de la casa judicial ya emitió la documentación correspondiente para que se inicien demandas civiles a los adultos para que paguen el gasto de los operativos montados.
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Según trascendió en el portal 0221.com.ar, los padres de los estudiantes menores de edad que fueron identificados como los autores de las amenazas de bomba a instituciones educativos durante el año pasado, e imputados a raíz de esta situación, deberán responder por la conducta de sus hijos y pagar los operativos de seguridad generados a partir de las intimidaciones públicas.
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Así lo determinó el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de investigar estos casos: ya envió la documentación a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires para que empiecen las demandas judiciales a los padres. Se trata del pago de 100 mil pesos por cada operativo de seguridad desplegado luego de cada llamado anónimo donde se amenazaba con la existencia de una bomba en las instituciones educativas.
Las amenazas de bomba fueron todo un tema en durante el 2018 y el principal blanco fueron las escuelas públicas: en todo el ciclo lectivo se llegaron a contar más de 60 llamados intimidatorios solo en el Normal 1, ubicado en 14 y 51.
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Las primeras detenciones y allanamientos se produjeron a principios de noviembre. Las investigaciones penales siguieron su curso durante todo el verano 2019, incluso hubo allanamientos y nuevas imputaciones. Con el panorama más aclarado, comienza la segunda etapa: el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal tiene todo listo para reclamar el pago de los operativos de seguridad (costas del servicio en lenguaje más técnico). Se estima que se iniciaron “no menos de 40 demandas”, detallaron fuentes oficiales consultadas.